viernes, 10 de abril de 2015

Hallazgos archivísticos en las nuevas leyes

  Últimamente tengo la sensación de estar continuamente leyendo leyes nuevas por si afectan de forma determinada a la gestión documental. Que, por fin estoy entendiendo la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos con toda su corte de Interoperabilidad, pues llega la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Todo esto, a la espera de la deseada nueva ley de procedimiento administrativo que integre y defina tanto los modos presenciales como los telemáticos cerrando por fin procesos obsoletos, que se remontan hasta los años cincuenta, todavía vigentes.

  Pues bien, escudriñando estas nuevas leyes, me he topado con dos herramientas que podrían ser muy útiles para los archiveros. La primera la encontramos basada entre otras normas, en el artículo 9 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por la que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Se trata del Inventario de Información Administrativa que deben tener actualizado todas las Administraciones Públicas. Si no interpreto mal las palabras del apartado 1 de este artículo, se está obligando a todas las Administraciones públicas a tener actualizado su cuadro de clasificación, pero no al nivel de documentación producida (clásico concepto de los cuadros de clasificación diseñados a posteriori) si no una clasificación de los procedimientos y los servicios, con lo que vamos al origen de la producción documental.

  Supongo que, gracias a esta necesidad de clasificar la actividad administrativa, la Dirección General para el Impulso de la Administración Electrónica ha editado un documento (no he conseguido averiguar cuándo) en el que se recogen diferentes taxonomías útiles para varias Administraciones públicas. Y aquí es donde debería haber una "legión de archiveros" trabajando para definir y diseñar un modelo de taxonomía adaptado a las diferentes necesidades de gestión documental.

  El otro encuentro con una posible herramienta archivística está en la, como no, Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Y, aunque esta ley sobre todo en el apartado de acceso podría dar para algún que otro post, solo voy a poner de relieve algo que me ha parecido super interesante: el test de daño.

 Éste se menciona en el preámbulo y viene a ponderar razonadamente el interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada. Y, ¿qué colectivo sabe mejor que nadie de las posibles consecuencias que puede acarrear el acceso indiscriminado a la información? Además, si la parte de la tipología documental de estos tests o informes se difundiera, sería una fuente inestimable de información para elaborar las tablas de valoración documental.

  En definitiva, colegas de profesión, nos están dando herramientas y os animo a usarlas o, por lo menos, a demandarlas para integrarlas en vuestros sistemas.

2 comentarios:

Queremos saber tú opinión: